El proyecto de ley sobre propiedad privada impulsa modificaciones clave en el mercado inmobiliario. Uno de los puntos centrales es la aceleración de los desalojos ante incumplimientos. La iniciativa busca acortar tiempos judiciales que hoy pueden extenderse por años.
Entre los cambios, se establece un proceso más rápido para recuperar inmuebles ocupados o con alquileres impagos. El esquema propone procedimientos sumarísimos que agilicen las decisiones judiciales. Incluso se analizan plazos más breves para intimar a los inquilinos.
El debate genera tensiones entre propietarios e inquilinos. Mientras los dueños reclaman mayor seguridad jurídica, organizaciones advierten sobre posibles abusos. La discusión sigue abierta en el Congreso.
