La Justicia ordenó al Gobierno nacional avanzar con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, pero la disputa por su cumplimiento continúa. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, que había condicionado la implementación de la norma a la definición de las fuentes de financiamiento. El Ejecutivo anticipó que apelará la decisión judicial.

La ley contempla la actualización de las partidas presupuestarias para las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, las becas estudiantiles y los fondos destinados a investigación. La normativa fue aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial. El fallo sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede suspender en los hechos una ley vigente.

En este contexto, las autoridades universitarias y las organizaciones estudiantiles mantienen sus reclamos para que la norma se aplique plenamente. El Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una reunión de rectores en Plaza de Mayo para exigir su cumplimiento. Además, la comunidad educativa prepara una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.