El Gobierno nacional dispuso la disolución del Instituto Nacional de Alimentos como parte de un proceso de reorganización del sistema de control alimentario. La medida establece que sus funciones serán redistribuidas entre distintos organismos con competencias específicas. El objetivo oficial es simplificar estructuras y concentrar tareas en áreas técnicas ya existentes.

A partir de esta decisión, el control, fiscalización y regulación de alimentos quedará principalmente en manos de la ANMAT y otros entes vinculados al área sanitaria. Estas instituciones ya tienen responsabilidades en la supervisión de productos y en la aplicación del Código Alimentario Argentino. El Gobierno sostiene que esto permitirá mayor eficiencia en la toma de decisiones.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de reducción y reorganización del Estado impulsado por la actual gestión. Según se argumenta, busca eliminar superposiciones administrativas y acelerar los procedimientos regulatorios. Sin embargo, también abre interrogantes sobre el impacto en los controles y en la coordinación del sistema alimentario.