El Gobierno nacional avanzó con un proyecto para modificar la ley de salud mental, con el objetivo de redefinir criterios de atención y abordaje. La iniciativa propone cambios en los mecanismos de internación y en la articulación entre el sistema público y privado. También introduce nuevas herramientas para la intervención en situaciones de crisis.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca actualizar una normativa que consideran desfasada frente a la realidad actual. En ese sentido, plantean la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante casos complejos. Sin embargo, distintos sectores advierten sobre posibles retrocesos en materia de derechos.

Especialistas, organizaciones y referentes del ámbito sanitario ya comenzaron a expresar posiciones encontradas. Mientras algunos valoran la intención de modernizar la ley, otros cuestionan el enfoque del proyecto. El debate promete instalarse en la agenda pública en las próximas semanas.