El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para suspender la ley de financiamiento universitario. La medida apunta a evitar la aplicación inmediata de la norma. Se da luego de un fallo judicial que ordenaba cumplirla.

Desde el Ejecutivo sostienen que la ley es inconstitucional. Argumentan que no establece de dónde saldrán los recursos necesarios. También advierten que su implementación afectaría el equilibrio fiscal.

El conflicto se desarrolla en medio de reclamos del sistema universitario. Universidades y gremios denuncian caída del presupuesto. La Corte deberá definir ahora si acepta el planteo oficial.