La Corte Suprema dejó firme una medida que obliga al Gobierno a recomponer los salarios en las universidades públicas. El fallo ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. La decisión fue celebrada por la comunidad educativa como un avance clave.

La resolución establece que deben actualizarse los sueldos de docentes y no docentes en función de la inflación. También incluye la recomposición de becas estudiantiles contempladas en la normativa. El máximo tribunal rechazó los intentos del Ejecutivo de frenar su aplicación.

El fallo llega tras meses de conflicto por el deterioro salarial y presupuestario en el sistema universitario. Desde el sector advierten una fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos años. La decisión judicial vuelve a poner en el centro el debate sobre el financiamiento educativo.