La marcha universitaria volvió a reunir a estudiantes, docentes y autoridades en defensa del financiamiento educativo. Durante la movilización, se solicitó a la Corte Suprema que actúe frente al incumplimiento de la normativa vigente por parte del Gobierno nacional. El reclamo apuntó a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario.

Los manifestantes advirtieron que la falta de financiamiento impacta directamente en el desarrollo académico y científico. Señalaron que el deterioro presupuestario compromete becas, salarios y obras de infraestructura en las universidades públicas. Además, remarcaron que se trata de una situación sin precedentes recientes.

Desde distintos sectores coincidieron en la necesidad de una respuesta institucional urgente. Plantearon que la intervención judicial podría frenar el deterioro del sistema educativo. También insistieron en que la educación pública es un derecho que debe ser protegido por el Estado.