Un artículo que modifica el financiamiento de la educación desató objeciones en el Congreso y obligó al oficialismo a replantear su estrategia para lograr los votos necesarios.

Un punto controversial del proyecto de ley de gastos públicos que altera las partidas destinadas a educación y áreas afines generó rechazo entre legisladores de distintos bloques y encendió las alertas dentro del Gobierno. Las objeciones se centraron en la eliminación de obligaciones previas de financiamiento que eran consideradas esenciales por varios sectores.

La discusión se trasladó con intensidad al ámbito del Senado, donde aliados y opositores advierten que ese artículo podría ser un obstáculo para otorgar los respaldos necesarios antes del tratamiento final de la norma. Esto obliga al oficialismo a recalcular su estrategia legislativa para no perder apoyos en una etapa clave.

Frente a las críticas, desde la Casa Rosada analizan posibles modificaciones y concesiones que permitan equilibrar las prioridades fiscales con la necesidad de sostener acuerdos políticos amplios, en un contexto donde el consenso es clave para garantizar la sanción del Presupuesto.