La carrera política de Lorena Villaverde choca de frente con su pasado judicial en Estados Unidos. Diputada nacional desde 2023 y senadora electa por La Libertad Avanza, no pudo jurar todavía en la Cámara alta debido a sus antecedentes penales en Florida. Según documentación oficial, fue detenida el 15 de julio de 2002 en Sarasota, acusada de participar en la venta y distribución de más de 400 gramos de cocaína junto a Fabio Restrepo y Jesús Ferrer. El jurado la declaró culpable y quedó detenida a la espera de sentencia.

La defensa de Villaverde logró que se anulara el veredicto y se fijara un nuevo juicio, y presentó además un pedido para que se le aplicara una pena por debajo de las guías federales, cuyo contenido se mantuvo bajo secreto, algo habitual cuando el acusado coopera con el gobierno o teme represalias. Más tarde consiguió la excarcelación, pero incumplió las condiciones de su libertad supervisada y la Justicia emitió una nueva orden de arresto. Mientras sus coimputados recibieron y cumplieron penas de entre año y medio y casi cuatro años de prisión, ella se radicó definitivamente en la Argentina.

La Fiscalía Federal de Florida retiró formalmente los cargos en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal, sin haber logrado avanzar contra Villaverde. Su entorno sostiene hoy que “no tuvo estupefacientes en su poder”, que “no tiene vínculos con el narcotráfico” y que se trató de “una historia desgraciada” ya superada, sin impedimentos legales para asumir su banca. Pero la falta de respuestas concretas a las preguntas periodísticas y el peso simbólico de una acusación por narcotráfico en el exterior mantienen a la legisladora en el centro de un escándalo que sacude al oficialismo libertario.